UGT rechaza las medidas de recorte que anunció ayer el Ministerio de Vivienda ya que éstas suponen un nuevo recorte a los derechos de los trabajadores y alejan al ciudadano del derecho a una vivienda digna recogido en la Constitución. El sindicato considera que las políticas de alquiler y rehabilitación deben ser prioritarias y que es necesario incrementar la inversión en materia de rehabilitación ya que según todos los estudios la creación de empleo en este ámbito podría ser sostenida, y es la reconversión natural del sector de la construcción.
UGT considera que las medidas presentadas ayer por el Gobierno en el Consejo del Plan Estatal de Vivienda y que anuncian, entre otras cosas la reducción de un 40% de las subvenciones para las promociones de vivienda protegida nueva en régimen de arrendamiento, la eliminación la subvención a los promotores para la urbanización o adquisición de suelo o la supresión de la Ayuda Directa a la Entrada (AEDE) con la posibilidad de ampliar la hipoteca hasta el 90% del valor de la vivienda, representan también un nuevo recorte de derechos a los trabajadores.
El sindicato demanda al Ministerio que explique cómo con medidas que reducen ayudas a la promoción pública de viviendas en régimen de alquiler, se puede fortalecer el mercado del alquiler en España y de qué manera puede la supresión de la Ayuda Estatal Directa a la Entrada (AEDE) mejorar el acceso de los más desfavorecidos a una vivienda digna, incrementando la cantidad hipotecada, con la consiguiente dificultad de obtención de hipotecas de mayor importe.
UGT solicitó en su momento al ministerio, que se utilicen los órganos consultivos para la toma de estas decisiones, y que estos no se conviertan en foros meramente informativos. El sindicato pidió además que en materia de rehabilitación se aumente la inversión, ya que según todos los estudios la creación de empleo en este ámbito podría ser sostenida, y es la reconversión natural del sector de la construcción. También se le pide al ministerio que estudie la implantación de una medida que apoye a los arrendatarios en situaciones de desempleo, al igual que se ha hecho con los propietarios de viviendas.