La Fundación de Prevención de Riesgos Laborales (FPRL) es una fundación cuya creación está prevista en la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, que actúa bajo el protectorado del Ministerio de Empleo y Seguridad Social, y en la que participan las Administraciones Públicas (Administración General del Estado y Comunidades Autónomas) y las organizaciones representativas de empresarios y trabajadores, cuyo fin primordial es la promoción, especialmente en las pequeñas y medianas empresas, de actividades destinadas a la mejora de las condiciones de seguridad y salud en el trabajo.
La financiación de las actividades de la FPRL corresponde a la Secretaría de Estado de la Seguridad Social, que fija anualmente la cuantía de las aportaciones patrimoniales a ésta con cargo a los excedentes de la gestión de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de la Seguridad Social, teniendo en cuenta el exceso generado en el último ejercicio, y sin que dicha aportación pueda rebasar el límite de veinticinco millones de euros.
La asignación de recursos se aprueba anualmente, y de acuerdo a lo previsto en las convocatorias, en el Pleno del Patronato de la FPRL en el cual están representadas la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas, lo que garantiza el control de la administración.
Según los Estatutos de la FPRL, aprobados por la Comisión Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, solo pueden ser solicitantes de ayudas los órganos tripartitos de la CCAA y las organizaciones empresariales y sindicales de ámbito estatal. Las acciones serán siempre gratuitas para los beneficiarios y están dirigidas a empresarios y trabajadores.
Al tratarse de fondos públicos, todos los años la Intervención General del Estado audita las cuentas de la FPRL y todos los años estos informes han sido favorables. A su vez, el Tribunal de Cuentas, en cumplimiento de sus obligaciones, realizó la comprobación de actuaciones de la FPRL correspondientes a los años 2004-2007. Durante dichas comprobaciones se revisó tanto la documentación que obraba en poder la propia FPRL, como también se realizaron revisiones exhaustivas de las acciones financiadas, entre ellas las de diferentes organizaciones integrantes de CEOE, CEPYME, CCOO y UGT.
A raíz de dichas comprobaciones el Tribunal constató que la financiación otorgada se ajustaba a las convocatorias, cumpliendo en todo momento la normativa vigente de aplicación.
En noviembre de 2010 el Tribunal de Cuentas emitió un informe detallado de las comprobaciones realizadas y realizó una serie de recomendaciones para modificar los términos de las convocatorias de la FPRL con el objetivo de mejorar el cumplimiento de los requisitos de mayor objetividad, igualdad, concurrencia competitiva, eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados y eficiencia en la asignación y utilización de los recursos.
A partir de la publicación de este informe, el Patronato de la FPRL acordó ajustarse a las recomendaciones del propio Tribunal de Cuentas de que ?las entregas dinerarias sin contraprestación que se financien con cargo a fondos de la FPRL se justifiquen de acuerdo a la Ley de Subvenciones y normativa de desarrollo?. Desde entonces se han ido modificando las convocatorias para acomodarlas a dicha recomendación, culminando dicho proceso en la convocatoria correspondiente al ejercicio 2012.
UGT y CCOO, en cumplimiento de lo establecido en las convocatorias, aclaran que siempre se han ajustado a la legalidad vigente y que cuando la norma se ha cambiado se han adaptado a los nuevos requisitos exigidos por la misma. Así detallan que el Tribunal de Cuentas puede estar más o menos de acuerdo con el procedimiento seguido por la FPRL pero, tal y como indica el propio Tribunal en su informe, se trabajaba conforme a normativa general vigente en ese momento (Ley de Fundaciones y Ley de Prevención de Riesgos Laborales), y conforme a la regulación específica de la Fundación (Estatutos de la Fundación, Convocatorias y guía de seguimiento, y acuerdo del Patronato del 16/12/2006 que aprobó las convocatorias).
UGT y CCOO siempre han cumplido con la legalidad en la presentación y ejecución de los proyectos de la Fundación para la Prevención de Riesgos Laborales
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